Comenzamos un nuevo curso tras un verano marcado por el anuncio del adelanto electoral, los vaivenes de la economía de los distintos países de la Unión Europea, la prima de riesgo de nuestro país y, para terminar, la controvertida reforma de la Constitución en tiempo record para controlar el déficit. Sin embargo, a partir de ahora, . En los programas electorales de todos los partidos políticos suelen aparecer diversas propuestas relacionadas con la producción agraria y el desarrollo rural, unidas a conceptos íntimamente relacionados entre sí como la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el ahorro y la eficiencia energética, la apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria, el funcionamiento de la cadena agroalimentaria o la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, y todo lo que la rodea.
Si introducimos en Google una búsqueda titulada “Rubalcaba+agricultura” encontramos que las al hilo de la crisis de la E. Coli. Una vez más, tuvo que llegar una alarma sanitaria para que se hablara de agricultura, de calidad y de la seguridad alimentaria que ofrecen los productos de la Unión Europea tras muchos años de esfuerzo gracias, entre otras cosas, a la Política Agraria Común. Si hacemos el mismo ejercicio (“Rajoy+agricultura”) obtenemos relativas a las declaraciones que el candidato del PP realizó en una visita a una cooperativa de Vélez-Málaga. De ellas han trascendido dos principalmente: su intención de recuperar el nombre del Ministerio de Agricultura (como si eso solucionara algún problema) y su deseo del que el futuro Ministro o Ministra que ocupe dicha cartera, pase más tiempo en Bruselas que en Madrid (información absolutamente irrelevante a estas alturas).
El , que representa algo más de un , más entre agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, que se encuentra como tras el turismo con balanza comercial más favorable (casi 4.000 millones de € de saldo positivo en 2009) y que desempeña de nuestro país, se merece que nuestros políticos introduzcan la “causa agraria” entre sus prioridades, y realicen para todos.
Como recién nacido que no “da guerra” a sus padres y se cría entre varios hermanos que monopolizan su atención, se publicó finalmente en el BOE el pasado 3 de agosto el texto de la nueva Ley 13/2013, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Su aprobación en periodo estival y, sobre todo, su coincidencia en el tiempo de tramitación parlamentaria de la Ley de la cadena alimentaria, han hecho que esta importante Ley, haya pasado casi desapercibida.
Esta iniciativa legal forma parte de las reivindicaciones históricas de las cooperativas agroalimentarias, y es un pilar básico dentro de una estrategia más general para alinear a las cooperativas y a sus dirigentes en el objetivo de incrementar el tamaño de las cooperativas de forma ordenada, para ganar peso y relevancia en el mercado y competir así de forma más eficiente. Para ello, se crea la figura de entidad asociativa prioritaria de carácter supra-autonómico a la que se otorga la posibilidad de recibir determinados apoyos prioritarios para posibles procesos de integración, fusión, etc.
El proceso de desregulación de los mercados desarrollado de forma paulatina en las distintas reformas de la Política Agraria Común europea para cumplir con los acuerdos de la OMC, exige estructuras de producción y comercialización muy diferentes a las que existían en épocas donde los precios venían regulados en el BOE. Las cooperativas agroalimentarias no se han adaptado a estos cambios al ritmo deseado en nuestro país (no así en algunos países del norte de Europa), y la mayor parte de ellas tienen que competir en mercados cada vez más globalizados y exigentes, para lo que necesitan tener un tamaño y una estructura adecuada.
Desde mi punto de vista, la Ley no es más que una declaración de intenciones. El éxito de la misma reside en que, los responsables de estos temas en las Comunidades Autónomas, que tiene competencias en la distribución de los fondos de desarrollo rural, “se crean” esta Ley, tengan una visión inteligente de la magnitud del problema, y pongan a disposición de los procesos de integración y fusión de cooperativas de diferentes Comunidades Autónomas los recursos económicos, materiales y humanos necesarios, aunque se trate de cooperativas de diferentes CCAAs. Este ejercicio de responsabilidad han de desarrollarlo también los actuales gerentes de muchas cooperativas. Muchas de ellas se hacen entre sí una competencia local en ámbitos muy pequeños que no lleva a ningún sitio, y carecen de una visión verdaderamente empresarial. Espero y deseo que esta Ley sirva de acicate para que, por fin, estas estructuras desarrolladas por los propios agricultores para la comercialización de sus productos, ocupen en el futuro un lugar mucho más relevante que el actual en la cadena alimentaria.